Derecho Mercantil & Administrativo

 

 

Derecho Mercantil 

 

Prestamos un asesoramiento integral en derecho societario, a compañías desde el comienzo de su vida societaria, al tiempo de su constitución, y hasta la extinción de su personalidad jurídica.

 

Este asesoramiento incluye, por lo tanto, nuestro apoyo profesional en labores como la constitución de sociedades; la reforma y actualización de sus estatutos y reglamentos internos; la ampliación y reducción de su capital social; el análisis de las cuestiones jurídicas relacionadas con la transmisibilidad de las acciones, participaciones sociales o cuotas y, en general, el apoyo o desempeño directo de funciones de Secretaría de los consejos de administración u otros órganos rectores de las sociedades.

 

Igualmente, nuestra experiencia se extiende a la negociación de pactos entre socios; las cuestiones jurídicas o contractuales relacionadas con la composición y elección de sus órganos de administración y gestión, la política de dividendos;  la negociación de cláusulas de resolución de las situaciones de bloqueo y en la defensa de los intereses de la sociedad, sus socios o consejeros, en situaciones de potencial conflicto societario.

 

 

Derecho Administrativo 

 

Prestamos asesoramiento jurídico especializado a entidades del sector público, empresas privadas y particulares. Elaboramos informes y dictámenes sobre las materias jurídico-administrativas más relevantes, asumimos la defensa letrada en procedimientos administrativos, contencioso-administrativos.

 

Asimismo,  llevamos a cabo asesoramiento a empresas y particulares en licitaciones de ámbito nacional, así como en la redacción de informes y dictámenes en la materia y prestamos nuestra asistencia en procedimientos relacionados con la impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos del sector público.

 

Destaca especialmente nuestra experiencia en el asesoramiento a contratistas y concesionarios en expedientes de reequilibrio económico-financiero, así como en la reclamación al sector público en situaciones de morosidad y por responsabilidad contractual de cualquier índole. 

 

 

 

 

 

 

 

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